Aeropuerto: piden arbitraje internacional



15 de Enero de 2010



RIESGOS. Las indemnizaciones y la pérdida de credibilidad a nivel internacional pueden afectar a la nueva Terminal.
El alcalde Augusto Barrera confesó ayer, en una entrevista que concedió a Teleamazonas, otro de los temas que preocupan mucho al Municipio y que también fue tratado en la sesión reservada del Concejo Metropolitano del pasado lunes.Existe una demanda de arbitraje internacional por parte de la concesionaria Quiport y de los financistas del nuevo aeropuerto en contra del Municipio, cuyo plazo expira el 28 de este mes y podría traer un sinnúmero de consecuencias para el proyecto y para el Estado.La demanda fue presentada el pasado 18 de diciembre ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo creado por iniciativa del Banco Mundial, al que Ecuador aún estaba adscrito cuando se firmó el contrato de concesión.Este recurso fue amparado por dos cláusulas del contrato: la primera establece que un ‘evento político’ que deteriore las condiciones del contrato puede ser causal para su terminación unilateral.
La segunda específica que, en caso de existir un evento político, las dos partes (el Municipio y los financistas) se comprometen a ir a un proceso de arbitraje ante este organismo.PlazoEl evento político al que se refieren los financistas fue la resolución de la Corte Constitucional, que determinó que los fondos que pagan los quiteños por el uso del aeropuerto son tasas (dinero público) y no tarifas (dinero privado), el que afectó al modelo inicialmente plateando (financiamiento de proyectos).A pesar de que la demanda fue presentada en diciembre, el plazo para iniciar el proceso de definiciones es de seis meses, a partir del evento político, que se dio el 28 de julio del año pasado, por lo que el plazo se cumple el 28 de este mes. Luego de este plazo el Ciad deberá adoptar posiciones.ConsecuenciasLuego de explicar que “los concejales le dimos nuestro voto de confianza al Alcalde para que sea el único vocero en este tema, pero ya que él mismo lo hizo público, puedo hablar”, el concejal Fabricio Villamar detalló las posibles consecuencias de este arbitraje que, según afirma, puede incluir grandes indemnizaciones si se termina el contrato y hasta embargos de bienes estatales para garantizar los pagos.“Como el Ciadi es una entidad que defiende las inversiones, casi siempre sus fallos son a favor de los inversionistas y en este caso nosotros, por el contrato, debemos acogernos al arbitraje”, agregó.“Si se cae la renegociación y hay un fallo a favor de los inversionistas, deberemos aceptar también las consecuencias que irían directamente al Estado porque es el participante en el contrato”.RiesgosPor su parte, el concejal Pablo Ponce se mostró preocupado por este tema y dijo que “hoy más que nunca veo el riesgo de que la obra se termine. Lo que hay que pensar es el costo-beneficio de que esto pase, independientemente del plan ‘B’ o ‘C’ de lo que habla el Alcalde”, aseveró.“Hay que pensar cuánto le costaría eso a la ciudad (…): el hecho de que la obra no se termine y no sabemos cuándo se vuelva a iniciar, las indemnizaciones y la pérdida de credibilidad a nivel internacional”.

Opinión:

A pesar de que la demanda fue presentada en diciembre, el plazo para iniciar el proceso de definiciones es de seis meses, a partir del evento político, que se dio el 28 de julio del año pasado, por lo que el plazo se cumple el 28 de este mes. Luego de este plazo el Ciad deberá adoptar posiciones.